Hace 75 años, en una década terrible de hambre, represión, miedo y sometimiento de la población por la dictadura franquista se produjeron varias redadas policiales que implicaban torturas en las comisarías, registros domiciliarios, consejos de guerra, penas de muerte y largas condenas de cárcel. Aquellos años 40 tras la victoria fascista en la guerra civil que ellos mismos provocaron fueron años de venganza y exterminio contra los trabajadores que habían apoyado al Frente Popular de izquierdas. Es de destacar que entonces los “jueces” juzgaban actuaciones pasadas como haber defendido la República y que el franquismo impuso jurídicamente los “delitos” de “adhesión a la rebelión militar” y “auxilio a la rebelión” condenando a aquellos que en realidad habían defendido al gobierno legítimo frente a los que se sublevaron militarmente ¡el colmo del cinismo más grotesco!
Los
historiadores documentan que en Sevilla hubo una población reclusa de más de
1.500 presos hacinados en la cárcel provincial porque varios centenares de
hombres se organizaron clandestinamente en la lucha contra el franquismo. Todos
los años de esa década hubo redadas colectivas por parte de la policía y
consejos de guerra donde los militares sentenciaban penas de fusilamiento y
cárcel para los detenidos, principalmente del PCE.
Se les
denominaban “caídas” porque suponían el derrumbe de estructuras organizativas
que con gran sacrificio y valentía se levantaban para reconstruir el movimiento
obrero aniquilado en la guerra entre Julio de 1936 y Abril de 1939. Recién
terminada la guerra el régimen creó en las principales ciudades la llamada
Brigada Político Social (BPS) que se hizo famosa por la crueldad de sus
interrogatorios en las Comisarías de policía. Es resaltable que a pesar de
tanto horror en aquellos años de plomo, los comunistas españoles demostraron
gran vitalidad en conseguir reorganizarse en pocos días tras cada zarpazo
policial.
En casi todas
esas redadas de detenciones hubo compañeros de La Hispano Aviación y de
Construcciones Aeronáuticas, pero la más significativa fue la de Junio de 1945
cuyo Consejo de Guerra se celebró en Marzo de 1946 y afectó a siete
trabajadores de C.A.S.A. Tablada pasando a ser conocida históricamente como
<La Caída de Construcciones Aeronáuticas>
En 2011 la
Facultad de Geografía e Historia de la UNED publicó la TESIS DOCTORAL del
Licenciado AURELIO PERAL PERAL que en sus 904 páginas recoge un apartado sobre
el tema.
(A
continuación difundo dicho apartado junto al enlace al Documento completo.)
6.2.5. La “Caída” de Construcciones Aeronáuticas.
Iniciando esta Causa figura un colorido esquema, realizado por funcionarios de la Brigada Político Social de Sevilla, donde bajo el título “Organización comunista y comité regional de la J.S.U., descubiertos en Sevilla”, además de reflejar los nombres de los presuntos miembros de esta organización, figura un resumen de los responsables detenidos y del material intervenido. Como vértice de este organigrama, se señala como delegado del Comité Central a Francisco Aparicio Franco, no detenido[1].
Entre los responsables aprehendidos se señalaban a los de los comités regional y provincial del PCE, a los del regional de las J.S.U., a los de los “radios” Macarena, Triana y Ciudad Jardín, a los de la Pirotecnia, Fábrica de Artillería, Hytasa y Construcciones Aeronáuticas (CASA). La importancia de las detenciones efectuadas en esta última empresa, que sobrepasaban el ámbito de la fábrica, según la Policía por los cargos que se les imputaban, nos ha hecho nombrar esta Causa con el título señalado.
Se hace relación, en el resumen que aparece en el organigrama, el material intervenido: el archivo regional, tres multicopistas, una máquina de escribir, 6 imprentillas, 3.000 “pasquines”, 1.000 ejemplares de periódicos y folletos, y material y accesorios de imprenta. Documentación y complementos muy necesarios, y de difícil sustitución, para la época.
De los trabajadores de CASA detenidos la mayoría eran mandos intermedios, que teóricamente estaban afiliados a Unión Nacional, lo que causó una cierta preocupación en las autoridades gubernamentales, al considerar que si esta militancia se daba en los operarios de mayor categoría, qué no ocurriría entre los obreros. Dentro de estos directivos hay que citar al jefe de administración y al de preparación de trabajo, que según Cordero (que logró escapar en esta redada) era el puesto que detentaba Andrés Rodríguez[2]. En esta fábrica la mayoría de los mandos procedía de otras empresas militarizadas, y, en ellos, ante la falta de ingenieros de carrera, se apoyaba la producción. Estos expertos, pues no eran más que eso, acabaron por tener una denominación concreta, “ingenieros CASA”, que apunta a la función que realmente estaban desempeñando. Mientras, dice Cordero, los “verdaderos ingenieros se dedicaban a perseguir a los obreros”.
La Causa comenzó el 24-6-1945, con la detención de Antonio Ruiz Torres, “el Pionero”[3] y de Manuel Ortega Navarro, como consecuencia de las investigaciones destinadas a la desarticulación del PCE en Sevilla, que “posiblemente como reacción por las detenciones de sus miembros directivos efectuados en el pasado febrero, (Véase Causa 262/1945), (ofrecían) nuevas y activas muestras de existencia”, realizando una activa campaña de agitación y propaganda, con tiradas de Mundo Obrero y Reconquista de España, así como infinidad de pasquines, en los que se atacaba al Jefe del Estado, “llamándole enano sangriento”, (así figura en la comparecencia ante la Brigada Político Social), a la Falange y a otras instituciones oficiales. Propaganda que era arrojada durante la noche, aprovechando las restricciones eléctricas, a la puerta de las grandes fábricas y otros lugares de confluencia de público, incitando a la huelga general. También se acusaba a los miembros del PCE de haber arrojado una bomba contra el domicilio de una persona adicta a la doctrina nacional. Según el fiscal, estos militantes “querían mantener un estado de rebelión constante, intentando desprestigiar con calumnias y falsos decires a sus elementos, (del Régimen), más destacados, saboteando los medios de producción, de comunicaciones, sembrar la discordia entre los españoles y, en su momento oportuno dar el asalto al poder”.
A Antonio Ruiz se le consideraba instructor general del PCE en Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera. Estaba declarado en rebeldía, porque estando castigado a una pena de 30 años, se había fugado del manicomio donde estaba recluido por presunta enfermedad mental. En cuando a Ortega se le consideraba el cabecilla principal del pueblo de Cantillana durante el periodo “rojo”, pues de “él emanaban cuantas órdenes se dictaban sobre incautaciones, saqueos y otros desmanes”. En la “Caída” de febrero, en las declaraciones obtenidas de los detenidos, salió a relucir su pseudónimo, “Ovidio”, pero no fue detenido por haber huido.
Como juez instructor del proceso actuó el habitual, el capitán de Infantería Fructuoso Delgado Hernández. A todos los encartados, en el auto de procesamiento subsiguiente a su interrogatorio por la Policía, se les acusaba de pertenencia al PCE. Sin embargo, en todos los casos, cuando comparecieron ante el citado militar negaron dicho extremo, asegurando que su filiación era con el “partido” (sic), de Unión Nacional. También negaron, y lo hicieron asimismo en el transcurso del Consejo de Guerra, ostentar los cargos y responsabilidades que les habían sido imputados por la Policía.
El fiscal, utilizando la información policial facilitada, hizo su propia estimación de la finalidad que pretendían los encartados, y así la concretó ante el Consejo de Guerra: todos ellos, así como otros que estaban siendo procesados en sumarios ya iniciados, tenían la pretensión “de derrocar el Régimen nacional, llegando si necesario fuera a medios violentos, con objeto de implantar lo que denominaban la Dictadura del proletariado”.
Resumidamente, los imputados y el resultado del juicio fueron como sigue:
Se consideraron incursos en el delito de adhesión a la rebelión militar los cinco condenados a penas de 30 años de reclusión, en concepto de autores y con participación directa y voluntaria. Los 22 restantes fueron declarados inculpados por el delito de auxilio a la rebelión militar, con el mismo grado de autoría y participación. Tres procesados resultaron absueltos, con todos los pronunciamientos favorables, aunque el fiscal había solicitado la aplicación de penas de 20, 4 y 4 años. Es de resaltar, a la vista del cuadro anterior, las desproporcionadas peticiones del fiscal en relación con las condenas impuestas por el Tribunal castrense, que, en su dictamen, aplicó a los cinco principales condenados, el artículo 288 del Código de Justicia Militar, y para el resto el 289.
La defensa de todos los encartados fue ejercida por el capitán de Infantería, José de Benito Bueno. Admitió en parte el relato del Ministerio Fiscal, pero rogó se tuviera en cuenta la desproporción entre las declaraciones prestadas en Comisaría, y las que hicieron ante el juez instructor, por no ajustarse a la realidad de los hechos las primeras. Se habían fugado los principales cabecillas [4] , los que arrastraron a un sinnúmero de padres de familia, que no calcularon el alcance de sus intrigas, y que se constituyeron en “pequeños satélites” que giraron alrededor de los verdaderos autores. La mayoría de los procesados creían, de buena fe, que se trataba de auxiliar a las necesidades de presos y sus familias. Por este motivo terminaba solicitando para siete de ellos la pena señalada en el artículo 290 del Código de Justicia Militar, en su grado mínimo; para otros quince, la prevista en el artículo 289, también en su grado inferior; y para los 8 restantes, la libre absolución[5]. En el alegato que hizo ante el Consejo de Guerra, pidió que se redujeran al “minimum” las graves penas pedidas por el fiscal, quitando importancia a este proceso, porque “ni el dolor, ni la violencia, con su cortejo de destrucción y muerte, se han dado en este caso”. A la vez, utilizando una técnica habitual en los defensores militares del momento, ante la imposibilidad de montar otra distinta, insistió en disminuir la personalidad de los encausados, tildándolos de “la juventud sin esperanza” ; “pobres hombres faltos de educación intelectiva y predispuestos a la fácil captación de falsos profetas”.
Una muestra
de lo que hallaba la BPS en los registros que realizaba, buscando el
desmantelamiento del aparato de propaganda comunista, es lo incautado en el
domicilio de Fernando Inurria, uno de los procesados en esta Causa. En su
domicilio se localizó un tablero multicopista, en el argot de la oposición una vietnamita, con su correspondiente
rodillo, un tubo de tinta, cuatro clisés en blanco, y una serie de documentos,
que fueron clasificados en 12 grupos: consignas a los militantes[6],
un proyecto de dividir Sevilla en cinco sectores, o Radios, con la asignación
de barrios que cada uno comprendería, tres copias de escritos remitidos a
L’Humanité, The Times y la BBC sobre la situación en España, grupos de pasquines (de pequeño formato, del orden
de un octavo de folio), hechos en imprentilla de mano, etc. Uno de los
pasquines decía “que mientras se reducía la jornada de trabajo por falta de
fluido, condenando a los hogares de los obreros al hambre más espantosa,
agravando la ya de por sí ruinosa situación de la industria de Sevilla, este
fluido se había derrochado en la Feria para alumbrar la orgía desenfrenada de
los señoritas y jerarcas franquistas”. Estaba firmado por el comité local del
PCE. Otro pasquín dirigido a las Fuerzas de Orden Público las advertía “que no
tengan que sentarse en el banco de acusados. Tomar ejemplo de los gendarmes
franceses. Unión Nacional”. En otro, decía: “Españoles, el momento es decisivo.
Unificando nuestra acción conseguiremos desactivar la pretendida maniobra de
las elecciones, última vileza del Gran Cínico. Unión Nacional”. Inurria dijo
que toda esta documentación le había sido entregada por diversos encausados,
aunque parte la confeccionó él.
También declaró sus experiencias y contactos en una amplia declaración de siete folios.
[1] ATMT2, Causa
737/1945.
[2] María del Carmen
Fernández Albéndiz, “Clandestinidad y primeras manifestaciones del obrerismo
antifranquista”, página 215, en
Leandro Álvarez Rey y Encarnación Lemus López (coords.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Dentro del legajo
correspondiente a esta Causa 737/1945, figura un certificado de CASA, de
29-1-1946, señalando que Andrés Rodríguez Rodríguez era jefe de sección desde
1-1-1944, cumpliendo
su cometido a entera satisfacción. Otro escrito contenido en este expediente,
de 20-7-1945, procedente de la Jurisdicción Central del Ministerio del Aire,
certifica que Rodríguez, Inurria, Naranjo, Pariente, Enrique Nieto y Sabaté
prestaban sus servicios en CASA.
[3]
Al que el fiscal calificaba como uno de
los principales directivos del comité regional de Andalucía, ejerciendo el
cargo de Secretario de Agitación y Propaganda.
[4] Según su
exposición eran Francisco Aparicio Franco, delegado del Comité Central, Vicente
García Ramírez, secretario regional provincial, y Antonio Sánchez Sánchez,
responsable del Aparato Mecánico-Imprenta.
[5] Código de Justicia
Militar. Ley 17-7-1945. B.O.E, números 201 a 217, de 20 de julio a 5 de agosto.
La pena inferior prevista en el artículo 290 era de seis meses y un día de
prisión. La misma pena, en su grado mínimo, era la prevista en el artículo 289.
El artículo 288 preveía condenas de 12 años y un día de reclusión, a muerte, a aplicar
el Tribunal discrecionalmente.
[6] Una de ellas considerando como espía al que denunciase a otros compañeros cuando fuera detenido por la Policía, amenazándole con un juicio militar, en su día.
Hacer clic aquí:TESIS DOCTORAL
Las fotos que
ilustran este reportaje muestran algunas facetas de esta historia:
-
La cárcel de Sevilla.
-
La Factoría de Tablada.
-
Las tapias del Cementerio donde
fusilaron a miles de condenados que fueron enterrados en fosas comunes.
-
La Sevilla “oficial” que
mostraba la prensa de aquellos años.
- Portadas y Contraportadas de algunos libros que tratan de recuperar la memoria sobre aquellos siniestros años que se han silenciado intencionadamente.)
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