El Ayuntamiento de Getafe inicia una campaña
institucional en apoyo a los 8 de Airbus
La
alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha recibido a los 8 de Airbus para
trasladarles el apoyo del Ayuntamiento ante el juicio al que se enfrentan entre
el 9 y 12 de febrero por su participación en la huelga general del 29 de
septiembre de 2010. El Pleno del Ayuntamiento de Getafe celebrado el pasado 14
de enero aprobaba, con los votos a favor del PSOE, Ahora Getafe, Ciudadanos e
IU, la moción que instaba al Gobierno a derogar el artículo 315.3 del Código
Penal en defensa de la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de
Derecho y a promover la retirada de cargos a Los 8 de Airbus y de todos contra
las personas y sindicalistas que sean juzgados por este artículo.
El derecho
de los ocho
Los 8 de Airbus son sindicalistas a
los que la fiscalía solicita una pena de 8 años y 3 meses de prisión a cada uno
de ellos. Su delito; haber ejercido el derecho de huelga.
Los hechos de los que se les acusa
tuvieron lugar en el exterior de la fábrica de Airbus en Getafe, cerca de
Madrid, en septiembre de 2010, durante una huelga general para protestar contra
la reforma laboral aprobada por el Gobierno. La concentración que los
trabajadores estaban realizando fue disuelta por la policía antidisturbios y
varias personas resultaron heridas.
Ni la actuación de los
antidisturbios en la fábrica ni los cargos que se les imputan tienen precedente
en la democracia española. La fiscalía se apoya en una legislación que no se
aplicaba desde 1972. La pena no solo es absolutamente desproporcionada y se
basa en acusaciones falsas; es, sobre todo, y de eso se trata, de una
agresión al derecho de huelga.
La concentración que los trabajadores estaban realizando fue disuelta por
la policía antidisturbios y varias personas resultaron heridas
Desde 2010, se viene sufriendo
un ataque a los derechos colectivos de trabajo. El empleo, en
primer lugar, pero también el resto de los derechos laborales. Las políticas de
la letal austeridad que se han venido aplicando no solo han arrasado con bienes
y derechos económicos sino también derechos cívicos. Ciudadanía y
organizaciones sociales y sindicales han respondido a esas agresiones.
La respuesta a estas movilizaciones
se ha traducido en la criminalización selectiva de los participantes y la
instauración de un marco legal notablemente represivo, la Ley de Seguridad
Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras, para disuadir a la ciudadanía de
la tentación de la protesta.
El aguerrido Ministerio Fiscal,
tan débil con los poderosos y leve con los delitos contra la hacienda
pública de infantas y demás personal como implacable con los más débiles, ha
instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas.
Suman ya 300 personas procesadas, en
lo que constituye un atentado a las libertades democráticas sin precedentes en
el periodo democrático español. De esto precisamente hablábamos cuando
hablábamos de la ley mordaza: del desmedido e injustificable uso de la
represión de derechos cívicos y laborales.
Esos 300 procesados y los ocho de
los que hablo son obreros y obreras, de esos que los fascistones de antaño, hoy
reciclados en politólogos de lo nuevo, no veían en sus tiempos de Diputado del
Congreso. Los ocho sindicalistas de Airbus, apaleados en sus cuerpos y
en sus derechos, esperan que el próximo 9 de Febrero se haga justicia.
No deja de ser espeluznante que el
ejercicio de la huelga y sus derechos se pueda traducir en ocho años de prisión
y el uso por Blesa o Rato de las Black valga cuatro años y medio. Más
espeluznante aún resulta que la apropiación ilícita de la Infanta, según la
aguerrida y valiente fiscalía, valga cero patatero.
Es, precisamente, la igualdad ante
la justicia el rasgo más característico de una sociedad y un estado
democrático. Los conculcados derechos de los Ocho nos alejan de la democracia
para encauzar nuestros comportamientos en la amenazante represión que antaño
vivimos.
El derecho de huelga, como todos los
derechos, debe ser defendido como patrimonio de un país democrático,
respetuoso con la ciudadanía y, desde luego, con los trabajadores y
trabajadoras.
Nada se rompió en Airbus en
Septiembre de 2010; nadie, hasta que los antidisturbios asaltaron la
concentración de trabajadores y trabajadoras, había sido dañado. Nada tan falso
como la acusación de la que han sido objeto ni tan absurdo como la pena que se
solicita.
El derecho de los ocho es un
patrimonio que la mayoría no podemos permitir que se conculque; porque
es sabido que los silencios de hoy son penas de mañana y porque, también es
conocido, que los desmanes de la fiscalía no son ley sino voluntad política de
designados por el Gobierno.
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